Junta de Control Fiscal gasta dinero sin control
Tan solo en pagos a consultores, la Junta que manda sobre el gobierno de Puerto Rico gasta más de $2,000 millones, sin la transparencia que exige a los locales
La doble vara. Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) exige ver y controlar cada renglón de gasto del gobierno de Puerto Rico, nadie sabe lo que ese grupo de personas no electas por el pueblo, gasta y hacen.
Ningún ente local o federal parece tener visibilidad total o la posibilidad de detener la espiral ascendente de gasto en consultores, asesores y abogados que contrata la JCF y el gobierno, que suman más de $2,000 millones de dólares, acumulados desde el 2017 hasta el primer trimestre del 2024, Esa cantidad que excede significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso del costo que tendría PROMESA. Esto fue parte de los hallazgos que dieron a conocer hoy en una rueda de prensa de la organización Espacios Abiertos.
El más reciente informe de la organización encontró que los puertorriqueños hemos pagado en gastos de la Junta la friolera de $308,111,005 para aquellos consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III. A eso se suman $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal, para un total de $2,021,957,705.
Espacios Abiertos, entidad que promueve un gobierno abierto y mayor transparencia fiscal, llamó la atención a la falta de transparencia de la Junta, destacando que la el ente federal no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños.
“Hace apenas dos días la Junta dijo que la Universidad de Puerto Rico debe presentarle avisos formales y evidenciar con documentos los cambios que quiere a sus asignaciones presupuestarias mientras la propia JSF solo documenta y desglosa sus gastos operacionales de manera mensual pero no es capaz de documentar con transparencia la partida más grande de gastos que incluye sus propios gastos legales y de consultores financieros en el tribunal”, afirmó Daniel Santamaría Ots, economista y Director de Investigación de Espacios Abiertos.
El señalamiento de falta de transparencia y descontrol de la Junta respecto a los gastos en que incurre, toma mayor relevancia en momentos en que ésta ha solicitado aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente los representantes legales de la Junta. Y la doble vara que utiliza la Junta en los requerimientos que hace a las agencias locales respecto al gasto público y lo que ésta se aplica a sí.
Por otra parte, el nuevo plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la única deuda pendiente de resolución se encuentra atrasado. Esto ha provocado que la jueza de quiebra Laura Taylor Swain emita una orden requiriendo que se tome acción, y que se entregue un calendario para la presentación del plan de ajuste enmendado de la AEE antes del 28 de febrero de 2025.
La AEE, que es la principal de las corporaciones públicas en la reestructuración, tiene una deuda total estimada en unos $12,000millones en el caso Título III y ya ha representado un desembolso de dinero público para consultores de sobre $438 millones. Entre 2023 y principios de 2024 ese desembolso aumentó un 142.3%, de $181,100,752 a $438,803,487.
Utilizando como base los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el Tribunal Federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador de los casos Título III pendientes ante la corte de quiebra, para 2023 en un Informe titulado:“Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico” Espacios Abiertos calculaba el gasto de la Junta en poco más de $1,500 millones de dólares.
Ahora, al actualizar los datos a diciembre de 2024 utilizando las mismas fuentes anteriormente consultadas, Espacios Abiertos identificó que en ese nuevo periodo el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.
Santamaría Ots observó que “con ese nivel multimillonario de gasto es alarmante la falta de transparencia de la Junta y la pobre de fiscalización de la Junta a esos efectos por el Congreso y el Gobierno de Puerto Rico”.
Precisamente para aportar a dar más visibilidad del gasto de la Junta y el costo de PROMESA para Puerto Rico, Espacios Abiertos recopila datos que están distribuidos en distintas fuentes y mantiene en su Observatorio Fiscal (observtoriofiscalpr.com) tablas y gráficas actualizadas, que demuestran la trayectoria y renglones de gastos de la Junta.
“Desde la publicación de nuestro último informe en junio de 2023, encontramos aumentos en todos los renglones de gastos de la Junta y solo pudimos llegar hasta el primer trimestre del 2024 dado a que el Tribunal de Quiebras presidido por Laura Taylor Swain aún no ha aprobado los pagos hasta el fin del pasado año. Cuando estén disponibles los gastos para todo el 2024, anticipamos que la cifra total aumentará en varios millones”, destacó por su parte Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de política pública en EA.
El total de gastos desde junio 2023 hasta diciembre de 2024 que encontraron los analistas fueron: de $297,774,055 a $308,111,005 para consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; de $9,780,502 a $11,329,555 para el Oficial Examinador; y de $1,006,718,638 a $1,702,517,144 para los consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal.
Los analistas recordaron que cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, con la intención de reestructurar la deuda y economizar en gastos, se basaron en que el costo total de PROMESA sería $370 millones según la proyección de la oficina congresional de presupuesto (Congressional Budget Office o CBO).
“La diferencia entre lo proyectado y la realidad es de $1.6 billones hasta la fecha. En 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que Puerto Rico pagaría $370 millones en un período de 10 años. Sin embargo, en solo ocho años, la cifra real ha superado los $2 billones, un aumento del 446.47% sobre lo estimado.”, señaló de Jesús Álvarez. “Vale la pena preguntarnos si esto cumple las expectativas congresionales”.
Con el análisis sobre los datos de la corte federal se puede visualizar en las gráficas de EA el gasto total desembolsado por litigios relacionados con PROMESA. Entre los cinco principales pleitos que hay en la corte, se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:
● $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
● $ 438,803,487 de la AEE
● $ 62,816,103 de COFINA
● $ 51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
● $ 39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
● $ 960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.
Distribución del gasto en litigios principales bajo PROMESA
Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y pagados de su presupuesto anual.
Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30%.
El caso de la Autoridad de Carreteras también vio un aumento, de $41,004,842 a $51,165,166, para un 24.78% más. El del Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.
En el gasto de los litigios principales bajo PROMESA, EA observó cambios en el gasto de los principales consultores. Al comparar los datos con el informe anterior, las firmas que reportaron los mayores aumentos en el periodo de 14 meses fueron (*):
Principales consultores y abogados pagados en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico
Esos son los pendejos que le quitan recorte a la UPR
Están CONSTRUYENDO la SEGUNDA QUIEBRA para seguir viviendo de nosotros.