DRNA: “Ilegal casa y muelle” de familia de gobernadora en La Parguera
DRNA certifica que es ilegal caseta de la familia del primer caballero, José Yovin Vargas, esposo de la gobernadora Jennifer González es ilegal; concide con movidas en la Cámara
Ilegales. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una certificación que confirma que la casa y el muelle de la familia de la gobernadora Jennifer González en La Parguera, son ilegales.
A petición del licenciado Gabriel Olivieri Miranda, la jueza superior Vilmary Rodríguez Pardo del Tribunal de Mayagüez, emitió una certificación donde establece que los señores José del Carmen Vargas e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora, no tienen concesión alguna para mantener y utilizar de forma privada una estructura como casa, caseta o residencia y un muelle enclavado en pilotes rellenos de cemento, en la zona marítimo terrestre (ZMT) y en las aguas territoriales de la Reserva Natural de La Parguera en Lajas.
“Eso sencilla y claramente establece que no tienen los permisos para tener el muelle ni la caseta. Están ilegalmente allí,” sostuvo el togado, quien representa a algunos de los manifestantes que fueron arrestados y han sido objeto de un procesamiento judicial por más de un año, tras las protestas en La Parguera.
La certificación del DRNA se hizo en virtud del reglamento 4860 del 30 de diciembre de 1992, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos sumergidos bajo éstas y la ZMT. Pero esta noticia coincide con varios eventos relacionados que han ocurrido en las últimas 48 horas.
Hoy trascendió que el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, presentó el Proyecto de la Cámara 25, para ajustar la ley de Puertos y legalizar y redefinir qué constituye una ZMT y cuál puede sur su uso.
La medida que radicó Méndez busca enmendar laLey Núm. 151 de 28 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968" y Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, , conocida como “Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de atemperar la definición de Zona Marítimo Terrestre.
Para el recién electo senador por nominación directa, Eliezer Molina, esta medida es ilegal.
“Esto es corrupción y un plan orquestado, donde te van a robar las playas y van a legalizar la ilegalidad. Se han preparado para combatir el plan educativo que trabajamos por años, cambiando la Ley a su conveniencia y no lo vamos a permitir”, dijo Molina.
“El presidente de la Cámara trae un proyecto para ajustar la ley de Puertos al crimen ambiental, y legalizarlo”, añadió el legislador.
Ni Méndez, ni su portavoz de prensa Raúl Colón, contestaron las reiteradas llamada de En Blanco y Negro para presentar su versión de los hechos.
Estos eventos prosiguen a lo ocurrido ayer, cuando el tribunal determinó que no iba a detener los casos relacionados a La Parguera.
Cabe recordar que la Gobernadora designó como secretario del DRNA a Waldemar Quiles, hijo. A las dos horas del nombramiento, el nuevo secretario archivó los casos administrativos en beneficio directo a suegros de la gobernadora. Concretamente Quiles dejó sin efecto 22 querellas que había ante la Oficina de Examinadores y Jueces Administrativos existentes sobre trabajos donde enclavan las casetas de La Parguera. Una de esas querellas corresponde a los suegros de la gobernadora.
Todas estas movidas, provocaron reacciones de los legisladores. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicó ayer en Cámara y Senado un paquete de medidas legislativas que abarcan asuntos puntuales de la protección ambiental, derechos humanos, educación y otros temas.
En cuanto a controversia en La Parguera, los legisladores del PIP radicaron el P. del S. 229 y el P. de la C. 187 que busca crear la “Ley de protección de tierras agrícolas, bosques y áreas naturales protegidas” para la protección y conservación de estas áreas. La senadora pipiola María de Lourdes Santiago expresó que estos proyectos, junto con la propuesta Ley de Costas, podrían presionar y agilizar el proceso de investigación en La Parguera.
Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, exigió a la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, que investigue y emita una opinión legal sobre la orden administrativa firmada por el secretario del Quiles sobre el caso de La Parguera.
Más temprano en el día de hoy también trascendió que un querellado de La Parguera radicó un recurso de desestimación en el DRNA usando como justificación la orden administrativa 2025-001 que firmó el secretario Quiles.
ARRESTADOS EN LA PARGUERA
Cabe recordar que toda esta controversia por las construcciones ilegales en la reserva federal que es La Parguera, se intensificó en julio del 2023 cuando hubo una protesta en la zona. Seis manifestantes fueron arrestados en la protesta, y se les impuso una fianza global de más de medio millón de dólares en un caso altamente dudoso. El ministerio público se negó a dar acceso a información exculpatoria a la defensa, y a los acusados por protestar se les impusieron fianzas más altas que las que se le dan a asesinos y pedófilos.
Dos de los manifestantes arrestados aceptaron culpabilidad por la presión a la que estaban siendo sometidos incluyendo el uso por más de un año de un grillete electrónico. Aceptaron culpabilidad Imalay Arroyo Surita (tenía $100,000 de fianza más grillete) y Pedro Amengual Gutiérrez ($100,000 de fianza y grillete). Los demás se mantienen en el caso.
Los otros cuatro acusados son Iona Fournier Gómez ($200,000 de fianza), Francheska Vélez Ramírez ($75,000 de fianza), Juan Edil Rodríguez González y Sheila Mejías Luciano, a quienes les impusieron $50,000 de fianza a cada uno. Mejías Luciano es la esposa del ahora senador Molina y fue arrestada porque al echarse agua por la cabeza, algunas gotas mojaron en la pierna a un policía, que la acusó de agresión.
¡Qué gente más abusadora del poder! A la verdad que esa gobernadora, es una trepadora y malvada, que degrada el cargo que ocupa. Y los acólitos son unos truqueros también. Que siga por esa línea, que se va a tener que ir. El Pueblo está cansado.
Es una vergüenza para este pueblo. Nos están provocando y van a tener que salir, como salió el Rossellito.